En la desescalada educativa, quienes han sido parte del problema difícilmente podrán ser la solución

En la educación canaria es necesario acicalar en profundidad la casa, poner orden en el caos reinante y apostar por un nuevo equipo de gobierno cohesionado que se ponga a trabajar, con responsabilidad y desde el diálogo.

Fernando Pellicer Melo

Vaya por delante, previo a cualquier otra consideración, el máximo de los respetos hacia la Consejera de Educación saliente, Dña. María José Guerra Palmero, a la que solo procede desearle los mayores éxitos futuros en su vida profesional y personal.

La salida de la Administración educativa de la Sra. Guerra Palmero y su sustitución, previsiblemente de forma transitoria, por D. José Antonio Valbuena era, como ya he indicado reiteradamente, la “crónica de una dimisión anunciada” (o de una “una solicitud de cese aceptada” que tanto monta, monta tanto) que vino precedida, además, por la dimisión, durante el pasado fin de semana, del Director General de Innovación, Ordenación y Calidad, D. Gregorio Cabrera Déniz, aduciendo, y ahí es nada, “la falta de unidad de criterio en el proceso de desescalada educativa”.

El desencuentro, uno más dentro de la larga lista de crisis y enfrentamientos internos que ha caracterizado la cotidianeidad de la Consejería de Educación estos últimos meses, se produjo ante la inexplicable decisión de intentar descargar toda la responsabilidad de la desescalada educativa en los equipos directivos de los centros, sin previas instrucciones y protocolos claros respecto a cómo proceder, así como a la insistencia por reincorporar “deprisa y corriendo” a parte del alumnado a la actividad educativa presencial. De hecho, el viernes 22 de mayo a partir de las 15:00 horas (¡viva el derecho a la desconexión digital!) se remitieron a todos los centros educativos de Canarias una serie de deslavazados documentos, con indicaciones de comenzar la actividad presencial el ¡lunes 25 de mayo! Desde Innovación, partidarios, al igual que el conjunto de las organizaciones sindicales, de reforzar durante lo que resta del curso la actividad educativa a distancia y centrar los esfuerzos en la preparación del difícil curso 2020-2021, se había aceptado a regañadientes la posibilidad de una vuelta parcial a las aulas. Sin embargo, la chapucera decisión adoptada sin consenso interno el viernes pasado, poniendo en la picota a toda la Comunidad Educativa, precipitó los acontecimientos. A partir de ahí, la historia es conocida, dimisión del mencionado Director General, rebelión generalizada de los equipos directivos, estupefacción de familias y de las organizaciones sindicales y comparecencia pública del Presidente del Gobierno para, “sin querer queriendo” desautorizar a la Sra. Guerra Palmero  y anunciar unas instrucciones a publicar el pasado domingo y que aún, para no romper la tradición, seguimos esperando. En definitiva, un “guirigay” monumental que amargó el fin de semana a más de uno y que culminó, momentáneamente, con el consabido anuncio de dimisión  de la Consejera de Educación el pasado lunes por la mañana.

Valoraciones aparte, la renuncia, sorprendentemente en solitario, de la Sra. Guerra abre un nuevo escenario donde, a todas luces, resulta imprescindible recomponer a la mayor urgencia el organigrama de mando de la Administración educativa. Y decimos en solitario porque en ningún caso se ha producido el esperado cese de los cuadros intermedios de la Consejería que, como si con ellas/os no fuera el problema, pareciera que albergan la pretensión de mantenerse en sus puestos contra viento y marea. Más que llamativo fue comprobar cómo mientras la Consejera cesante se esmeraba la mañana del lunes en explicar, a diestro y siniestro, las razones de su renuncia ante los medios de comunicación, su mano derecha y, para muchos, Consejera en la sombra, Dña. Marisol Collado Mirabal, a la sazón aún Directora General de Personal, experimentaba por primera vez con un “Live” en Facebook para intentar explicar a cientos de docentes las “enigmáticas” razones de la eterna parálisis de todos y cada uno de los procedimientos abiertos precisamente en el ámbito de su área de gestión (listas de empleo, funcionariado en prácticas, Comisiones de Servicio, Adjudicación Provisional de destinos, nueva normativa de Licencias y Permisos…) para terminar, incluso, anunciando un nuevo “Live” en un futuro próximo. Loable iniciativa aunque curiosa, cuanto menos, dado que es de presuponer que los días de sillón de la referida Directora General de Personal así como del resto de cargos intermedios de la Administración educativa están contados. Pareciera que la Sra. Collado, con amplia y dilatada experiencia política y persona de reconocida confianza de Ángel Víctor Torres, estuviera apostando por aferrarse al cargo o, incluso, escalar posiciones en el escalafón, como si la vida le fuera en ello. Sorprendente o no tanto.

Quizás haya que considerar que el Presidente del Gobierno apuesta por cerrar este nefasto curso de la “mejor manera posible”, cambiando el timonel de la nave pero manteniendo, al menos de momento, al resto de la oficialidad. Si así fuera, podría incluso considerarse una estrategia válida puesto que no parece recomendable introducir grandes modificaciones en el organigrama a un mes vista de la finalización del curso escolar. Sea como fuere, esta actitud prudente en ningún caso puede obviar la ineludible necesidad de acicalar en profundidad la casa, poner orden en el caos reinante y apostar por un nuevo equipo de gobierno, ahora sí, cohesionado y que -abandonando las miserables rencillas políticas y luchas de poder- se ponga a trabajar, con responsabilidad y desde el diálogo con todos los sectores de la Comunidad Educativa, en la extremadamente compleja organización del próximo curso y, en definitiva, del futuro de la Educación Canaria. Nos va mucho en ello.

Porque, Sr. Presidente Ángel Víctor Torres, al menos en este caso, de ninguna manera quienes han sido parte activa del problema pueden pretender ahora ser la solución. El crédito ya se agotó.

* Imagen destacada cortesía de Freepick.

La “brecha digital” o la moderna cara de la pobreza en Canarias

Urge debatir colectivamente y buscar alternativas en todos los ámbitos para evitar que sean los sectores sociales más desfavorecidos los que paguen la factura de la inevitable crisis que se avecina.

Fernando Pellicer Melo

La actual situación de suspensión de la actividad educativa presencial ha traído a la palestra el término “brecha digital” para señalar la desigualdad existente entre la ciudadanía respecto a su acceso a las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). Según cálculos de Oxfam Intermon, 4.000 millones de personas en el mundo viven sin acceso a la red lo cual, en la era de la conectividad, condiciona notablemente sus posibilidades de progreso socioeconómico y cultural.

Además del acceso a la red propiamente, la brecha tecnológica también se manifiesta en la falta de “habilidades digitales” en gran parte de la población, casi imprescindibles en la actualidad para relacionarse con las administraciones, para el acceso a servicios y recursos  culturales y educativos de todo tipo y, por extensión, para lograr una mejora de la cualificación laboral o, sin ir tan lejos, para algo tan doméstico como consultar la factura de la electricidad.

Sin menoscabo de los problemas de “conectividad”, se destaca la falta de “habilidades digitales”, según informes del Instituto Canario de Estadística (Istac), como el principal déficit que encontramos en nuestro archipiélago en este ámbito y que, de forma palpable, se está poniendo de manifiesto en el terreno educativo una vez ha entrado en juego la obligada y urgente necesidad de desarrollar alternativas formativas online. Actividad online, dicho sea de paso, que se está desarrollando gracias fundamentalmente a que el profesorado ha puesto desinteresadamente sus recursos personales de acceso a la red y dispositivos al servicio de  su actividad laboral y, por tanto, del bien común, como no cabría esperar otra cosa en la actual situación.

Podríamos reforzar el análisis matizando, y esto lo afirmo yo, que una cosa es que una buena parte de los hogares canarios dispongan de acceso a la red y diversos equipamientos tecnológicos como televisiones, videoconsolas o móviles, más o menos de última generación, y otra muy diferente es que, además, se disponga de un ordenador o tableta en condiciones y, lo que es aún más complejo, de las habilidades necesarias para utilizar los mismos para actividades que vayan más allá del mero ocio. En este contexto, no podemos menos que considerar que la brecha tecnológica no es más que una expresión de la desigualdad y la pobreza en la sociedad de la era digital.

Nada de esto nos debe sorprender a poco que hagamos un mínimo ejercicio de contextualización. Así por ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivos, según el IX Informe “El Estado de la Pobreza” elaborado y presentado en octubre de 2019 por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias (EAPN-Canarias), el 36% de la población del archipiélago está en riesgo de pobreza y exclusión social mientras que la Tasa de Pobreza Severa en Canarias se sitúa en el 9,2% señalando, además, un incremento de 40.000 personas en riesgo de exclusión social respecto a informes anteriores. En palabras de la propia Viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias y pese a la mejoría en algunos parámetros, “los datos de este informe ponen de manifiesto la cronificación de la pobreza en nuestra región (…) por lo que requiere de políticas concretas y realistas». Si a lo anterior le sumamos, por solo aportar un dato más, una tasa cercana al 19 % de desempleados declarados, de las más elevadas del Estado, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al último trimestre de 2019, creo resulta sencillo hacerse una idea del actual estado de la cuestión en nuestro archipiélago.

Los datos apuntados se refieren al periodo previo a la alerta sanitaria originada por el COVID-19 por lo que no contemplan, obviamente, las gravísimas consecuencias que sobre la actividad productiva está ya teniendo la actual situación, en un territorio como el nuestro, supeditado al binomio económico del turismo y los servicios. Aunque tiempo habrá, desgraciadamente, para comprobarlo, algunas proyecciones indican que el desempleo en Canarias podría alcanzar cotas inéditas, superiores al 40%, como consecuencia del desastre económico que se avecina.

Ante este amargo panorama, la anunciada distribución de 10.000 tabletas con conectividad a Internet, sufragadas por la Consejería de Educación y, en menor proporción, por el Ministerio de Educación y por muy loable y necesaria que sea la iniciativa, solo viene a suponer un parche ante la profunda hemorragia de desigualdad social que sufrimos en el archipiélago. Aún estando más que justificada la iniciativa, es evidente que no solucionará el problema de fondo, además de porque solo alcanzará una porción relativamente pequeña de los hogares canarios con necesidades al respecto porque, a la luz de lo expuesto, no afronta el problema esencial desde su raíz. Solo será posible, como decíamos apuntaba la propia Viceconsejera de Derechos Sociales, avanzar en la lucha contra la desigualdad social con “políticas  concretas y realistas” que, añado, aborden el problema globalmente y desde su origen. En todo caso “andando se hace camino”.

Sería demagógico afirmar que los gobiernos actuales, centrales o autonómicos, tengan la exclusiva responsabilidad de esta situación pero no resultaría tan desacertado sostener que la gestión de los progresivos gobiernos en materia social y económica durante las últimas décadas no ha estado orientada a compensar las desigualdades sociales como objetivo prioritario. Por solo dar una muestra, las más de 20.000 solicitudes de ayuda a la dependencia paralizadas en algún despacho del Gobierno de Canarias -según datos del Imserso y la propia Administración-, la casi inexistente política de ayudas a la vivienda, los recortes y privatizaciones en materia sanitaria y la escasa inversión en el ámbito  educativo, incumpliéndose sistemáticamente la Ley Canaria de Educación, por no hablar de la nula visión respecto a la urgente necesidad de diversificación de la economía canaria, dan buena cuenta de ello.

En definitiva, es necesario que los gobiernos hagan suyo, realmente y no solo como mantra publicitario, el lema tan en auge “De esta salimos juntos” y se apliquen denodadamente para afrontar la crisis socioeconómica que se avecina y cuyos efectos ya estamos comenzando a notar, desde una perspectiva eminentemente social para no repetir experiencias de anteriores crisis donde los recortes se cebaron, dramáticamente y casi de forma exclusiva, en la población más vulnerable socialmente.

¡Acabemos con los malditos bulos!

Los bulos siempre han existido pero con la misma facilidad que se propagan, los podemos desmontar con escaso esfuerzo.

Fernando Pellicer Melo

Los bulos o «fake news» siempre han existido. No son un invento de la globalización ni de las Redes Sociales aunque los modernos canales de comunicación social hayan ayudado a su diversificación y extensión como nunca se había conocido en la historia de la humanidad.

La historia está plagada de «fake news» que aún hoy persisten en la memoria colectiva. Así, por ejemplo, la denominada «gripe española» (más correctamente «gripe de 1918») que asoló el mundo a principios del S. XX (se estima que se produjeron entre 50 y 100 millones de fallecimientos) se denominó así por ser España el primer estado en ofrecer estadísticas al respecto así como, al no estar involucrado el país en la Primera Guerra Mundial, por ocupar el tema una mayor atención de la prensa patria al no censurarse especialmente la información sobre la enfermedad, al contrario de lo que ocurría en la mayoría de los países implicados en la Gran Guerra. 

Pese a que las estimaciones hablan de 300.000 fallecidos en España, es un hecho ampliamente aceptado por la comunidad científica el situar el origen de la pandemia en los campamentos militares estadounidenses donde se detectaron los primeros casos desde diciembre de 1917 (Fort Greene), expandiéndose la enfermedad rápidamente a otras bases militares. Fueron precisamente los soldados estadounidenses destinados en Europa durante la Gran Guerra los que contribuyeron de forma exponencial a extender la enfermedad por todo el mundo.

Por si quedaran dudas de la persistencia de los bulos a través de la historia, podemos remontarnos a la antigüedad y fijarnos en el supuesto «pirómano» Nerón, en la Roma clásica. En el imaginario popular, alimentado especialmente por la cinematografía, Nerón ha quedado como un «emperador perturbado, de pelo rizado que maltrataba la lira sin compasión» además de, por supuesto, haber arrasado Roma hasta los cimientos en el año 64 d.C. prendiéndole fuego. Sin entrar en valoraciones sobre la figura de Nerón, lo que sí está claro es que no solo la arqueología ha demostrado que el incendio fue fortuito, sino que los estudios históricos indican que Nerón ni tan siquiera se encontraba ese día en Roma. Las fuentes lo sitúan en Antium (la actual Anzio) a más de 60 kilómetros de Roma que, para la época, no era ninguna broma.

Y así podríamos seguir hasta la saciedad señalando sorprendentes «fake news» históricas que se han mantenido como verdades inmutables a lo largo del tiempo y que, aún hoy, forman parte arraigada del imaginario colectivo.

Los bulos, como norma, no son fortuitos ni asépticos. Si bien en muchos casos pudieran ser considerados producto de la deformación de los hechos originales (si es que los hubo) sufrida a lo largo de los siglos en su transmisión oral o escrita, frecuentemente y más en los tiempos contemporáneos, detrás de las «fake news» se suelen esconder oscuros intereses religiosos, políticos y/o económicos.

Aunque como decimos, siempre han existido, es evidente que los bulos se acrecientan, hasta límites insospechados, en tiempos críticos como los que nos ha tocado vivir con la alerta sanitaria y el confinamiento generalizado decretado por el COVID-19. Y es precisamente en estos momentos «expansivos» de los bulos cuando más cuidado y, por qué no decirlo, responsabilidad, hemos de poner de nuestra parte para evitar su extensión. Entre todos podemos evitar incrementar el estado de desinformación y ansiedad de nuestros conciudadanos a poco que nos lo propongamos. Apliquemos en esta cuestión la saludable idea colectiva que tan de moda se ha puesto en relación a la pandemia del COVID-19, esto es… «Este virus lo paramos entre todos».

Como decíamos en la cita inicial, los bulos se pueden «desmontar» con cierta sencillez. Para ello existen en Internet páginas especializadas en comprobar y desmentir las «fake news». Entre ellas y solo por solo citar algunas, encontramos Newtral, Maldita.es o Saludsinbulos, muy oportuna en las actuales circunstancias. Sin embargo, quizás la forma más efectiva de evitar la propagación de bulos es apelar a la inteligencia colectiva. A poco que adoptemos una actitud «proactiva» respecto al aluvión de informaciones que recibimos por infinidad de medios, podremos contribuir decididamente a evitar la propagación de bulos. En este sentido y sin ánimo de ser exhaustivo, quizás cabrían algunas recomendaciones dictadas por el mero sentido común:

• Sin necesidad de convertirse en descreídos irredentos, adoptar una posición de cauto escepticismo ante las informaciones que recibimos. No es necesario cuestionarlo todo pero sí desde luego aquellas «noticias» que nos llamen especialmente la atención por su sensacionalismo o excesivo alarmismo.
• Abandonar la tendencia a creer en insulsas y aburridas «teorías de la conspiración» tan de moda en algunas cadenas televisivas «sensacionalistas». Vamos, para entendernos, que la Tierra no es plana, el ser humano sí ha pisado la Luna, las pirámides no las construyeron los marcianos y Elvis Presley no simuló su muerte para refugiarse en algún retiro dorado.
• Recordar siempre que aunque el dicho diga que la «realidad supera la ficción», en la mayoría de las ocasiones ello no es así. Si una noticia o un mensaje, en primera instancia, nos parece alarmista o excesivamente sorprendente, habrá bastantes probabilidades de que, simplemente, no sea cierto.
• Evitar compartir o reenviar compulsívamente y sin mediar reflexión previa (por mínima que sea) los mensajes que nos llegan por muy «buena fuente» que consideremos a su emisor.
• Recordar que las Redes Sociales (incluido WhatsApp y medios similares) no son propiamente «medios de comunicación» en sentido informativo. Más bien hay que considerarlos como medios de transmisión de la información la cual, si fuera necesario, hay que verificar con fuentes fiables.
• Contrastar las informaciones sospechosas con fuentes fidedignas, bien sean oficiales, periodísticas o de otro tipo que consideremos, precisamente, fiables, dando por hecho que entre estas descartamos medios como «okdiario» y similares y que tenemos claro que «El Mundo Today» es una publicación humorística como su propio encabezado («La actualidad del mañana») apunta. A veces, la cuestión es tan sencilla como realizar una simple búsqueda en Google.
• Y ante la duda, simplemente evitar «picar» en reenviar, compartir o lo que corresponda. Así de sencillo.

¿Nos ponemos a ello?

¿Se marchita el Pacto de las Flores en Educación?

Es imperativo que el Gobierno de Canarias recapacite y encuentre urgentemente el adecuado “abono” para que sus algo alocadas iniciativas no marchiten su crédito político antes de tiempo.

Fernando Pellicer Melo

Cerca de cuatro meses han transcurrido desde que el denominado “Pacto de las Flores” accediera al Gobierno de Canarias. Más de cien días de cortesía no escrita que supuestamente hay que contemplar antes de entrar a valorar la gestión de cualquier nuevo equipo de gobierno. Cortesía que ha tenido que quedar en suspenso al comprobar que entre sus iniciativas se encuentran la profundización en la privatización del sistema público educativo, el despido de cientos de docentes interinos o la imposición de un brutal recorte salarial al profesorado para 2020. Podrían parecer exageradas las afirmaciones anteriores pero a los hechos nos remitimos.

La Consejería de Educación ha anunciado como próxima “medida estrella” la tan demandada ampliación de la oferta educativa de 0 a 3 años, cuestión más que loable si no fuera porque tal anuncio va acompañado de un sesgo cuanto menos preocupante: la oferta educativa para tal etapa se pretende extender manteniendo y potenciando la doble red de centros privados concertados y centros públicos, es decir, dejando en manos de las aspiraciones de rentabilidad económica del empresariado la implantación de buena parte de esta fundamental etapa educativa cuestión que, desde todo punto de vista, no es lo esperable de un gobierno pretendidamente “progresista”.

Sumémosle a lo anterior, entrando en el terreno de la gestión de personal, el empecinado intento de la Administración educativa de imponer un modelo futuro de gestión para las listas de empleo docente que supondrá el despido de cientos de interinos con menos de 3 años de antigüedad laboral; añadamos la extremadamente chapucera ampliación de Listas de Empleo aún en curso y que está generando más polémica y recursos que soluciones, o la incumplida promesa (ciertamente realizada de forma algo “alegre” por la anterior Administración) de actualizar las listas de empleo del cuerpo de maestros tras las oposiciones 2019, cuestión que no ha ocurrido para desesperación de miles de personas que ven frustradas sus expectativas laborales. Si a esto le agregamos la existencia, en pleno mes de noviembre, de un importante e indeterminado número de vacantes docentes aún sin cubrir (léase alumnado sin su correspondiente profesorado) creo que no hacen falta calificativos para definir la actuación de la Consejería de Educación en materia de personal.

Sin embargo y obviando otras cuestiones no menos relevantes, la “traca final” o al menos la más reciente, llega con el Proyecto de Ley de Presupuestos 2020 para la Comunidad Autónoma. De justicia es reconocer el incremento en materia de inversión educativa que contempla el mismo pero, siendo ello cierto no lo es menos que tal incremento nos sigue manteniendo tremendamente lejos de las necesidades de inversión reales en Canarias para, entre otros objetivos, abandonar el furgón de cola respecto al conjunto del estado español y colocarnos en la senda del cumplimiento de la legalidad vigente que permita alcanzar en 2022 el índice de inversión del 5% del PIB contemplado en la Ley Canaria de Educación. Imposible será que Canarias deje de aparecer en los últimos lugares de cualquier estudio que consideremos mientras sigamos sufriendo un déficit de 1.500 docentes respecto a la media estatal o mientras nuestro archipiélago siga padeciendo unas ratios de alumnado por docente muy por encima también de los índices medios del Estado. Estas cuestiones, esenciales para el progreso del sistema educativo canario, solo se pueden solventar mediante una inversión educativa adecuada lo cual, previsiblemente, tampoco se producirá en 2020.

Pero el proyecto de presupuestos también esconde una desagradable sorpresa para el profesorado canario que las organizaciones sindicales han tenido que desentrañar ante la falta de transparencia e información al respecto. Nos referimos concretamente al brutal recorte salarial que se propone para los docentes al no contemplarse para el próximo año el incremento pactado con todas las organizaciones sindicales en 2017, respecto al complemento de Sexenios, incremento que sí se contempló en 2019. Ello podría suponer una importante merma salarial para alrededor de 15.000 docentes que en muchos casos alcanzaría los 130 euros mensuales cuestión que, a nadie se le puede esconder, ni las organizaciones sindicales ni el profesorado en su conjunto estarán dispuestos a aceptar sin presentar severa batalla en defensa de lo pactado y de sus condiciones laborales.

En definitiva una situación más que preocupante que no augura el futuro tranquilo que todos deseamos en el ámbito educativo. Es imperativo que el Gobierno de Canarias recapacite y encuentre urgentemente el adecuado “abono” para que sus algo alocadas iniciativas no marchiten su crédito político antes de tiempo. Y, ¡por favor! que no sigan aludiendo algunos responsables educativos cansinamente a su supuesta “independencia” frente a las decisiones de los partidos políticos que sustentan el “Pacto de las Flores”. Están donde están porque han sido nombrados legítimamente por esos mismos partidos y toca, inequívocamente, enfrentar los hechos y asumir responsabilidades.

* Imagen destacada cortesía de EFE.

La importancia de la letra «Q» para trabajar como docente en Canarias

Para la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias si tu apellido es “Quesada” tendrás más posibilidades de trabajar como docente que si tienes la gran desgracia de apellidarte “Pérez”.

Fernando Pellicer Melo

La publicación de unas listas “informativas” por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, con casi 11.400 inscritos para la ampliación de las Listas de Empleo docentes, ha venido a confirmar la enorme “chapuza” que está suponiendo este procedimiento que va a condicionar el futuro laboral de miles de docentes en el archipiélago.

La Administración Educativa anterior y la actual han pecado de una enorme e irresponsable falta de previsión al permitir el agotamiento de las listas de sustituciones docentes, especialmente en Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas, lo cual ha conducido a la convocatoria de este procedimiento urgente de apertura de 52 listas de empleo durante el presente mes de octubre, sin las más mínimas garantías jurídicas.

Amparada en la actual situación de urgencia generada por la propia Administración, dado que, a estas altura de curso, hay más de 300 vacantes docentes sin cubrir aún en los centros educativos de Canarias, la Consejería de Educación solo ha tenido en cuenta en el baremo de méritos de esta convocatoria la “nota media del expediente académico” de la titulación requerida para cada especialidad a fin de ordenar a los aspirantes a ingresar en las listas de empleo docentes. Esta incomprensible decisión envía un mensaje catastrófico a la sociedad en su conjunto y al personal aspirante a ingresar en la docencia en particular puesto que, a la postre, da igual los esfuerzos en formación que se puedan haber realizado, tras haber finalizado la carrera universitaria, o los idiomas que se dominen dado que nada de ello va a servir para obtener un mejor puesto en las listas y, en consecuencia, optar a un puesto docente en el sistema público educativo. Lo mismo ocurre respecto a la experiencia docente previa que, para esta convocatoria, no tiene ningún valor lo cual roza lo esperpéntico.

Sin embargo, lo más absurdo e injusto de esta situación, como ya se le había advertido reiteradamente a la Consejería de Educación, es que al solo tomar en consideración la nota media del expediente académico para ordenar a los aspirantes, sin incluir ningún otro apartado en el baremo de méritos y, peor aún, habiendo limitado dicha nota media a dos decimales en el formulario de solicitudes, se han producido miles de empates en la puntuación de los méritos que se han resuelto atendiendo a la letra inicial del primer apellido de los solicitantes, comenzando por la letra “Q”, tal como establece la Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública para el año 2019 a efectos de criterio de desempate, lo cual resulta notablemente arbitrario.

Por otro lado, la Consejería de Educación, ahondando en la más absoluta de las improvisaciones, anuncia que de inmediato se procederá a efectuar nombramientos de sustituciones docentes de las listas “informativas” recién publicadas una vez comprobado, supuestamente, que los docentes a nombrar reúnen los requisitos de titulación exigidos por la convocatoria. Todo ello sin realizar la obligatoria publicación de las listas provisionales, abrir el plazo correspondiente de reclamaciones y finalizar el procedimiento con la publicación de las listas definitivas correctamente ordenadas. Se da la circunstancia de que hay cientos de inscritos en estas listas de empleo que alegan no figurar en dichas listas “informativas” por errores de la Administración y que, en consecuencia, no podrán optar a alguno de estos nombramientos al no existir ningún plazo de reclamaciones abierto lo cual los deja en el más absoluto desamparo legal.

En definitiva, para la Consejería de Educación del Gobierno autonómico si tu apellido es “Quesada” tendrás más posibilidades de trabajar como docente en Canarias que si tienes la gran desgracia, a efectos de la Administración Educativa, de apellidarte “Pérez”. Todo un despropósito que, más que probablemente, acabará de muy mala manera en los tribunales de justicia.

* Imagen destacada cortesía de files.eduyasna.webnode.es

A su Majestad Dña. Letizia Ortiz, con mucha educación

Dudo que se atrevan a mentarle la cuestión de las plantillas docentes en Canarias pero, por si acaso, sepa usted, que nuestro archipiélago cuenta con al menos 1700 docentes menos que la media del estado español.

Fernando Pellicer Melo

A su Majestad Dña. Letizia Ortiz, con mucha educación

Me entero por la prensa de su visita a Canarias para inaugurar el curso escolar en el Centro Público de Infantil y Primaria San Matías, en el bello municipio de La Laguna. Sin duda, un reconocimiento más que merecido por el impecable trabajo y trayectoria de dicho centro, al igual que ocurre con otros muchos del archipiélago.

Al objeto de no desviar el sentido último de esta misiva, si usted lo tiene a bien, dejaremos para otro momento mis seguramente intrascendentes opiniones sobre la institución monárquica que usted representa, por otro lado, sumamente fáciles de intuir.

Me preocupa más bien, observando el regocijo y alborozo con que nuestro gobierno “nacionalista” ha recibido la noticia, el que usted no disponga de la suficiente información para que, atendiendo a su condición de experiodista (donde hubo siempre queda), pueda tamizar adecuadamente, si así lo estima, las –probablemente- complacientes informaciones que nuestro Presidente, Consejera de Educación y demás jerarquías educativas le puedan trasladar. Todo ello, por supuesto, sin poner en duda el que su Majestad sea una persona perfectamente conocedora de la realidad social de sus súbditos.

Quizás los mandatarios autonómicos le indiquen, para empezar, el “enorme” esfuerzo que están haciendo para desarrollar la Ley de Educación Canaria, aprobada en 2014 por el Parlamento de Canarias, desplegando ante usted una pléyade de iniciativas y proyectos variopintos -algunos ciertamente de interés- con que nos han martilleado incesantemente en las últimas semanas a través de constantes comparecencias públicas (hay que reconocer que esta Consejera de Educación maneja como nadie los tiempos mediáticos). Sin entrar en el detalle de cada una de estas iniciativas, debería usted saber que está Administración incumple sistemáticamente uno de los objetivos esenciales de la citada Ley Canaria de Educación, esto es, alcanzar el 5% del PIB de inversión educativa en nuestro archipiélago en 2022. Lejos de ello, desde 2014 los presupuestos se han mantenido prácticamente estancados. Por citar un simple ejemplo, para que dicha obligación legal tuviera visos de cumplirse, el presupuesto educativo en Canarias tendría que incrementarse en 2018 en 214 millones de euros cuestión que, probablemente a nuestra Consejera de Educación le genere una apesadumbrada carcajada.

Dudo que se atrevan a mentarle la cuestión de las plantillas docentes en Canarias pero, por si acaso, sepa usted, que nuestro archipiélago –según los condescendientes datos del Ministerio de Educación- cuenta con al menos 1700 docentes menos que la media del estado español. Sin personal y recursos y más allá de la publicidad institucional, como usted fácilmente podrá comprender, difícil será que Canarias abandone en un tiempo prudencial el furgón de cola educativo en el que se encuentra, tal como reflejan todos los informes al respecto, tanto referidos al estado español, como a la Unión Europea o a la OCDE.

Quizá sí le mencionen el “tremendo” esfuerzo realizado para mejorar el salario del profesorado de Canarias, mediante la reciente firma de un Acuerdo Retributivo que permitirá introducir paulatinamente los sexenios en nuestro archipiélago a partir de 2018. Sin obviar la relativa valía de dicho acuerdo, podrá usted argumentar –si ello le complace- que ello no compensa ni de lejos los brutales recortes salariales y laborales padecidos por el profesorado Canario desde 2010, ni la incalculable pérdida de poder adquisitivo de los últimos 20 años, reivindicación a la que, obviamente, no vamos a renunciar.

En fin, estimada Dña. Letizia, conocedor de sus ingentes obligaciones laborales, no deseo entretenerla más de lo debido. Solo apuntarle, por si se terciara, algunas cuestiones que quizás pudieran alentar su curiosidad periodística cuando departa con los mandatarios autonómicos. Así por ejemplo, podría interpelarles sobre las ratios en Canarias (de las más altas del estado español) o sobre la imperativa necesidad de recuperar los horarios docentes previos a los recortes de 2012, superando la injustificable sobrecarga laboral actual o, quizá, ya puestos en faena, podría interesarse sobre cuales son las intenciones de nuestra Consejera de Educación respecto a los miles de docentes interinos de Canarias, cuyos puestos de trabajo penden de un hilo si se llegaran a convocar oposiciones masivas sin previa negociación sobre el actual sistema de acceso. Y si por casualidad, le sobrara tiempo, no estaría mal tampoco que se interesara sobre la incesante querencia de la Consejería de Educación por cerrar centros educativos públicos mientras se esmera en subvencionar centros concertados religiosos y no que, entre otras veleidades, muestran notable tendencia a discriminar a las mujeres en sus contrataciones de personal docente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y quedo a su entera disposición.

Entrevista a Fernando Pellicer en Cadena SER en relación a la Carta a Dña. Letizia Ortiz.